Es necesaria una respuesta política urgente, contundente y coordinada ante el aumento del sinhogarismo en Cataluña
El tercer sector social reclama una respuesta política urgente, contundente y coordinada ante el aumento del sinhogarismo en Cataluña. Las entidades sociales señalan que el modelo para abordar este fenómeno ya existe y está consensuado, pero que su despliegue sigue siendo insuficiente. Lo han expresado esta mañana en una rueda de prensa convocada por la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social), con la participación de la Asociación Sant Joan de Déu Catalunya, Càritas Catalunya y Creu Roja Catalunya.
Las organizaciones recuerdan que el sinhogarismo no es solo vivir en la calle, sino también vivir en viviendas inseguras, inadecuadas o en situaciones de realquiler y hacinamiento, formas de exclusión residencial a menudo invisibles. En un contexto de polarización social y emergencia habitacional, la vivienda se ha convertido en el principal factor de empobrecimiento y exclusión, con un impacto directo en el incremento de situaciones de sinhogarismo.
Según datos recientes de IDESCAT, la tasa de pobreza y exclusión social en Cataluña roza el 25% y cerca del 15% de la población tiene retrasos en los pagos relacionados con la vivienda. El Informe Social Cataluña 2025 constata que hasta un 30% de los hogares con ingresos bajos sufren sobrecarga del coste de la vivienda. En cuanto al sinhogarismo, el Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS) estima que más de 4.700 personas han utilizado recursos de atención en 2024, aunque muchas otras quedan fuera del radar, especialmente en las formas de exclusión residencial no visible.
El tercer sector social reclama pasar del diagnóstico, que es claro, a la acción. Pide cumplir y reforzar el despliegue del Marco de Acción para el Abordaje del Sinhogarismo y aplicar de manera homogénea el modelo de acompañamiento a las personas en situación de sinhogarismo en todo el país, para que la atención no dependa del municipio en el que se encuentre la persona. También reclama más coordinación entre administraciones y una gestión más eficiente de los espacios de trabajo para no dilatar respuestas que la ciudadanía necesita de manera inmediata.
En cuanto a la financiación, las entidades insisten en que el Gobierno debe destinar, como mínimo, 100 millones de euros en 2026 para garantizar una respuesta de emergencia, con el compromiso de cuadruplicar esta inversión entre 2026 y 2030. Actualmente, los presupuestos sitúan la inversión en un Plan de choque de respuesta al sinhogarismo y el chabolismo, con una dotación presupuestaria mínima de 30 millones de euros para 2026, una cantidad insuficiente para las organizaciones sociales. También piden transparencia en la ejecución de los recursos, personal suficiente para desplegar los programas con eficacia y una financiación adecuada a los ayuntamientos, que están en la primera línea de la atención social. Insisten también en la importancia de asegurar el empadronamiento sin domicilio fijo como puerta de entrada a los derechos básicos de educación, salud y atención a servicios sociales, así como para la acreditación de la residencia en el país de las personas migradas.
Finalmente, las entidades instan al Parlamento a aprobar la proposición de ley de sinhogarismo, impulsada por las entidades sociales y el mundo académico, y su posterior despliegue reglamentario para dotar al país de un marco jurídico estable que garantice derechos, recursos y coordinación institucional. También hacen un llamamiento a no alimentar los discursos de odio que criminalizan a las personas en situación de pobreza y sinhogarismo, y dificultan la construcción de soluciones colectivas: el sinhogarismo es una vulneración estructural de derechos que debe prevenirse y abordarse con la máxima implicación del Gobierno y los municipios.