Medidas frente a la pobreza cronificada y persistente

Desde Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) llevamos años analizando la realidad de la pobreza en Cataluña a partir de los datos de la Enquesta de Condicions de Vida (ECV), publicada por el Institut d’Estadística de Catalunya y el Institut Nacional d’Estadística. Este año lo hemos hecho con la publicación de la Radiografia INSOCAT – Enquesta de Condicions de Vida 2025.

Los datos y su interpretación son imprescindibles para dimensionar y observar las tendencias en la evolución de la pobreza y la exclusión social en Cataluña. No obstante, desde ECAS debemos evidenciar que hay una parte de la población que acompañamos desde las entidades y que no se ve reflejada en la ECV, ya que esta se basa únicamente en personas que viven en hogares. Las personas en situación de sinhogarismo, aquellas con dificultades para empadronarse o las migrantes en situación administrativa irregular quedan fuera de estas encuestas. Hablamos de una pobreza invisibilizada que los datos no recogen y que debe tenerse en cuenta.

La ECV 2024 muestra una reducción de 2,3 puntos en la tasa de riesgo de pobreza desde 2020: es un dato positivo que indica que algunas medidas implementadas, especialmente a raíz de la pandemia, han tenido efecto en la reducción o contención del riesgo de pobreza. Sin embargo, es necesario que estas medidas sean estructurales y no coyunturales, que lleguen a más personas y aborden de forma contundente las principales causas de la pobreza en Cataluña, si queremos reducir una tasa AROPE que se ha situado en el 24% durante los últimos diez años.

En la radiografía observamos una economía que crece, pero una pobreza que persiste en un cuarto de la población. Esta disonancia se explica al comparar algunos indicadores macroeconómicos, como el desempleo —que ha bajado en los últimos años, del 23,1% en 2013 al 8,9% en 2024— con datos como la pobreza laboral, que se mantiene estable en el 10%; porque tener trabajo no siempre garantiza unas condiciones de vida dignas.

Al mismo tiempo, la desigualdad se ha consolidado: el 20% de la población con mayores ingresos gana 4,6 veces más que el 20% con menores ingresos. Este desequilibrio se refleja en la creciente dificultad para acceder a necesidades básicas como la vivienda, la energía y la alimentación.

Uno de los factores determinantes de esta situación es el acceso a la vivienda, que se ha convertido en uno de los principales generadores de pobreza en las últimas décadas. El riesgo de pobreza entre las personas que viven de alquiler es del 29,8%, casi tres veces superior al de las personas que viven en régimen de propiedad (11,4%).

Además, el alquiler medio en Cataluña ha aumentado un 56% en la última década, mientras que los salarios solo han crecido un 20%, provocando una pérdida de poder adquisitivo que limita gravemente la capacidad de consumo y ahorro de la población.

Esta cronificación de la pobreza y estancamiento social no afecta a toda la población por igual: la población infantil es la que sufre mayor riesgo, y el 33,8% de los menores de 18 años están en riesgo de pobreza. Es la franja de edad en la que la tasa AROPE más ha empeorado. Cabe recordar que los menores que sufren pobreza viven en familias cuyos integrantes también la padecen: sabemos que la pobreza se perpetúa de generación en generación, es hereditaria, y que los niños que hoy viven en pobreza probablemente serán adultos que también la sufran.

¿Y cuáles podrían ser las medidas para paliar esta pobreza cronificada y persistente? En primer lugar, un cambio en el sistema fiscal actual, haciéndolo más justo y redistributivo. En segundo lugar, una mejora en el sistema de prestaciones, incluyendo el complemento salarial y una prestación universal por crianza. Además, la reforma de la ley de la renda garantida de ciudadanía debería ser una oportunidad para mejorar las carencias de la actual, ampliando su cobertura y haciéndola accesible a las personas migrantes en situación irregular y a las personas sin hogar, y mejorando el importe de la prestación, compatibilizándola con las rentas del trabajo o con ayudas al alquiler.

En definitiva, las entidades sociales defendemos que es necesario seguir incidiendo en la línea de la garantía y ampliación de derechos, con una mirada preventiva y de reducción de daños y de costes futuros. Por eso, es crucial atender e invertir más en políticas sociales y públicas para combatir la pobreza y la desigualdad social actual y futura.

Este artículo ha sido publicado en Social.cat con fecha 14/03/2025